La firma contratista Thomas Greg & Sons, con casi dos décadas suministrando servicios a la Cancillería colombiana, remitió una solicitud al canciller interino Luis Murillo, exigiendo la firma del contrato de pasaportes entregado previamente por José Antonio Salazar. Esta solicitud choca frontalmente con las declaraciones de Murillo del 5 de marzo, quien manifestó su reticencia a proceder con la firma debido a preocupaciones sobre la regularidad del proceso de evaluación del contrato de pasaportes.
Murillo solicitó la evaluación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otros organismos para esclarecer la situación, poniendo en pausa cualquier movimiento hasta obtener un veredicto claro sobre la legalidad del contrato. Por otro lado, Thomas Greg & Sons defiende la validez de los actos administrativos realizados, alegando que estos se ajustan a la normativa y fueron emitidos por el funcionario competente, siguiendo los procedimientos legales adecuados.
«Ahora bien, es sabido que en declaraciones públicas el señor Canciller ha expresado algunas reservas sobre la legalidad de los actos administrativos de revocación del acto que declaró desierta la licitación y de adjudicación de la licitación pública, pero hasta la fecha no se conoce actuación administrativa alguna derivada de esa consideración», expresó un comunicado de Thomas Greg & Sons.
También, el comunicado de la firma proveedora desmiente que existan vicios administrativos en el proceso de adjudicación de contratos. «No es cierto que los mencionados actos administrativos se encuentren viciados y, por el contrario, ellos se apegan estrictamente al ordenamiento jurídico, fueron expedidos por el funcionario competente siguiendo los procedimientos legales pertinentes, están debidamente motivados y persiguen garantizar el interés», expresó.
La controversia surge en un momento delicado para la Cancillería, enfrentando un debate de control político en el Congreso y generando dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso de licitación. Esta situación plantea interrogantes significativos sobre la gestión contractual en entidades estatales y el equilibrio entre legalidad y eficiencia administrativa.
NotiPress/Francisco Vicario
